SOCIEDAD, ESTADO Y CONSTITUCIÓN I
LA NUEVA ESTRUCTURA DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
El poder público el ejercicio
de ciertas acciones y actividades que la sociedad deja en manos del estado y de
acuerdo a los contenidos desarrollados en la Unidad Curricular
1. El Poder Público
Se entiende por poder público el ejercicio de ciertas
acciones y actividades que la sociedad deja en manos del estado (delega) por
entender que estas serán resueltas mejor de manera colectiva. Esta delegación
se hace a través de la
Constitución que determina el diseño del Estado y los
derechos, deberes y garantías que tienen los ciudadanos, y por el voto mediante
el cual se eligen a quienes serán los representantes y servidores públicos. (Representación).
Complementariamente ciertos y determinados espacios de
actuación se dejan en manos de la propia sociedad organizada, para que a través
de mecanismos expresamente señalados en la Constitución y
desarrollados en las leyes participen del poder público. (Participación).
1.2.
El Poder Público en Venezuela. Disposiciones Fundamentales
Según el artículo 136
de la Constitución
de la Republica
Bolivariana de Venezuela, el poder público tiene tres ramas:
Poder Público Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal. Cada una con sus
funciones propias, de acuerdo con las
actividades que realicen pero se interrelacionan entre si para cumplir con los
fines del estado. El Poder Público Nacional se divide en: Poder Legislativo,
Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder ciudadano y Poder Electoral.
1.3.
Competencias del Poder Público Nacional
Artículo 156, del Poder Público Nacional (Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela de 1999):
1. La política y la actuación internacional de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República , la
conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el
territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y
honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de
extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada
Nacional.
9. El régimen de la administración de riesgos y emergencias.
10. La organización y régimen del Distrito Capital y de las dependencias
federales.
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del
régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado de capitales; la
emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación, administración y control de
los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos
conexos, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y
minas, de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios,
los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, alcoholes y demás
especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, y los demás
impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y Municipios por esta
Constitución y la ley.
13. La legislación para garantizar la coordinación y armonización de
las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y
limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o
alícuotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos
específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos territoriales o sobre
predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y control
corresponda a los Municipios, de conformidad con esta Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las
aduanas.
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el
régimen de las tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de
los bosques, suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo
indefinido.
La ley establecerá un sistema de asignaciones económicas especiales en
beneficio de los Estados en cuyo territorio se encuentren situados los bienes
que se mencionan en este numeral, sin perjuicio de que también puedan
establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros Estados.
17. El régimen de metrología legal y control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y unificación de normas y
procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de
urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas, financieras y fiscales de la República.
22. El régimen y organización del sistema de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la legislación en materia de sanidad,
vivienda, seguridad alimentaría, ambiente, aguas, turismo, ordenación del
territorio y naviera.
24. Las políticas y los servicios nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la producción agrícola, ganadera,
pesquera y forestal.
26. El régimen del transporte nacional, de la navegación y del
transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre, de carácter nacional;
de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así
como el régimen y la administración del espectro electromagnético.
29. El régimen general de los servicios públicos domiciliarios y, en
especial, electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras con una visión integral del
país, que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento
territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración nacional de la justicia, el
Ministerio Público y el Defensor del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías
constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos
y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por
causa de utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad
intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico;
la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y
territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales;
la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos
y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de
organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás
órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las
materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder
Público Nacional, o que le corresponda por su índole o naturaleza.
2.
Poder Público Estadal
El Poder Estatal es aquel
constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Gobierno señaladas
en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel Estadal, así se detallan
la existencia del Poder Legislativo Estadal (Consejo Legislativo), Ejecutivo
(Gobernador), Judicial (Dirección Ejecutiva de la Magistratura con sus
oficinas regionales), Ciudadano (Contraloría autónoma).
Los Estados son
entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena,
y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad
nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes de la República.
2.1
Estructura Organizativa del Poder Público Estadal
El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador
o Gobernadora.
a)
Gobernadores o Gobernadoras. (Artículo
161 CRBV)
Los Gobernadores o
Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el
Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de la misma ante el
Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas.
b)
Consejo Legislativo del
Estado. (Artículo 162 CRBV)
El Poder Legislativo se
ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no
mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente
representarán a la población del Estado y de los Municipios.
c)
Contraloría de Estado. (Artículo 163 CRBV)
Cada Estado tendrá
una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y funcional. La Contraloría del Estado
ejercerá, conforme a esta Constitución y a la ley, el control, la vigilancia y
la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del
alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Dicho
órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de un Contralor o
Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas
por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia, así como la
neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.
2.2
Competencia del Poder Público Estadal
1. Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución.
2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su
división político-territorial, conforme a esta Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la inversión y administración de
sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o
asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se les asignen
como participación en los tributos nacionales.
4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos
tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y
estadales.
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no
reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las
tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley.
6. La organización de la policía y la determinación de las ramas de
este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme a la legislación
nacional aplicable.
7. La creación, organización, recaudación, control y administración de
los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
8. La creación, régimen y organización de los servicios públicos
estadales.
9. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las
vías terrestres estadales.
10. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y
autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en
coordinación con el Ejecutivo Nacional.
11. Todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a
la competencia nacional o municipal.
2.3 Competencias
Concurrentes de los Estados.
En el articulo 165 de
la CRBV se dice
que las materias objeto de
competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de bases dictadas por
el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los Estados. Esta
legislación estará orientada por los principios de la interdependencia,
coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad.
Los Estados
descentralizarán y transferirán a los Municipios los servicios y competencias
que gestionen y que éstos estén en capacidad de prestar, así como la
administración de los respectivos recursos, dentro de las áreas de competencias
concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los mecanismos de
transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico estadal.
3.
Poder Público Municipal
Los Municipios constituyen la
unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad
jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley. La
autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del
Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la
participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión
pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva,
suficiente y oportuna, conforme a la ley.
Los actos de los
Municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de
conformidad con esta Constitución y con la ley.
3.1.
Organización de los Municipios.
La organización de
los Municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por
las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las
leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad
con aquellas dicten los Estados.
La legislación que se
dicte para desarrollar los principios constitucionales relativos a los
Municipios y demás entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su
organización, gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la
determinación de sus competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de
población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos fiscales
propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales y otros
factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las opciones
para la organización del régimen de gobierno y administración local que
corresponderá a los Municipios con población indígena. En todo caso, la
organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del
gobierno local.
a)
Gobierno y Administración del
Municipio. (Artículo 174)
El gobierno y la
administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será
también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere
ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El
Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por
mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida, de inmediato
y por una sola vez, para un nuevo período.
b)
Función Legislativa del
Municipio. (Artículo 175)
La función
legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado por concejales
elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en
el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.
c)
Contraloría Municipal. (Artículo
176)
Corresponde a la Contraloría Municipal
el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes
municipales, así como las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del
alcance de las atribuciones de la Contraloría General
de la República ,
y será dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada
por el Concejo mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad
de quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las
condiciones establecidas por la ley.
3.2
Competencias de los Municipios.
Son de la competencia
del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las
materias que le asignen esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto
concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo
económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos
domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria
con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de
conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la
promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las
condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:
1. Ordenación territorial y urbanística; patrimonio histórico; vivienda
de interés social; turismo local; parques y jardines, plazas, balnearios y
otros sitios de recreación; arquitectura civil, nomenclatura y ornato público.
2. Vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos
y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de
pasajeros y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad comercial, en cuanto concierne a
los intereses y fines específicos municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental;
aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de
recolección y tratamiento de residuos y protección civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud, servicios de protección a
la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad; educación
preescolar, servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al
desarrollo comunitario, actividades e instalaciones culturales y deportivas;
servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y las
actividades relativas a las materias de la competencia municipal.
6. Servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico;
alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas; cementerios y
servicios funerarios.
7. Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de
policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
8. Las demás que le atribuyan esta Constitución y la ley.
Las actuaciones que corresponden al Municipio en la materia de su
competencia no menoscaban las competencias nacionales o estadales que se
definan en la ley conforme a esta Constitución.
4.
Consejo Local de Planificación Pública.
El Consejo Local de
Planificación Pública, presidido por el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los
concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de las juntas
parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la
sociedad organizada, de conformidad con las disposiciones que establezca la
ley.
5.
Consejo Federal de Gobierno
El Consejo Federal de
Gobierno es un organismo compuesto por los Poderes Municipales, Estadales y
Nacional de Venezuela, cuyo objeto es profundizar el proceso descentralizador
del Estado. Tiene su basamento Constitucional en el artículo 185, y en la Ley Orgánica del
Consejo Federal de Gobierno dictada por la Asamblea Nacional
el 30 de junio año 2005.
Es el órgano
encargado la coordinación y la planificación de políticas y acciones para el
desarrollo del proceso de decentralización y transferencia de competencias del
Poder Nacional a los Estados y Municipios, así como el desarrollo equilibrado
de las regiones, respetando los principios que rigen al Estado Federal
Descentralizado: justicia social, participación ciudadana, integridad
territorial, cooperación, solidaridad, concurencia, corresponsabilidad,
coordinación, interdependencia y subsidiaridad.
CONCLUSIÓN
Según el artículo 136 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el poder público tiene tres ramas: Poder Público Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal. Cada una con sus funciones propias, de acuerdo con las actividades que realicen pero se interrelacionan entre si para cumplir con los fines del estado. El Poder Público Nacional se divide en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder ciudadano y Poder Electoral.
La política y la actuación internacional de la República , la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República , la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras, La policía nacional, La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional, entre otras son algunas de las competencias o responsabilidades del poder público nacional.
El Poder Estatal es aquel constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Gobierno señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel Estadal, así se detallan la existencia del Poder Legislativo Estadal (Consejo Legislativo), Ejecutivo (Gobernador), Judicial (Dirección Ejecutiva de la Magistratura con sus oficinas regionales), Ciudadano (Contraloría autónoma).
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley.+
El Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto por los Poderes Municipales, Estadales y Nacional de Venezuela, cuyo objeto es profundizar el proceso descentralizador del Estado.
BIBLIOGRAFIA
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999
http://www.gobiernoenlinea.ve
http://es.wikipedia.org
ORGANIZACIÓN DEL PODER PUBLICO NACIONAL
INTRODUCCIÓN
El
poder público el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la sociedad
deja en manos del estado y de acuerdo a los contenidos desarrollados en la Unidad Curricular
1. Concepción Tripartita y Penta partita de los poderes.
Se entiende por poder público
el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la sociedad deja en manos
del estado (delega) por entender que estas serán resueltas mejor de manera
colectiva. Esta delegación se hace a través de la Constitución que
determina el diseño del Estado y los derechos, deberes y garantías que tienen
los ciudadanos, y por el voto mediante el cual se eligen a quienes serán los
representantes y servidores públicos. (Representación).
Complementariamente ciertos y
determinados espacios de actuación se dejan en manos de la propia sociedad
organizada, para que a través de mecanismos expresamente señalados en la Constitución y
desarrollados en las leyes participen del poder público. (Participación).
1.2. El Poder Público en Venezuela. Disposiciones
Fundamentales
Según el artículo 136 de la Constitución de la Republica Bolivariana
de Venezuela, el poder público tiene tres ramas: Poder Público Nacional, Poder
Estadal y Poder Municipal. Cada una con sus funciones propias, de acuerdo con las actividades que realicen
pero se interrelacionan entre si para cumplir con los fines del estado. El
Poder Público Nacional se divide en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder
Judicial, Poder ciudadano y Poder Electoral.
1.3. Competencias del Poder Público Nacional
Artículo 156, del Poder Público Nacional
(Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999):
1. La política y la actuación internacional
de la República.
2. La defensa y suprema vigilancia de los
intereses generales de la
República , la conservación de la paz pública y la recta
aplicación de la ley en todo el territorio nacional.
3. La bandera, escudo de armas, himno,
fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional.
4. La naturalización, la admisión, la
extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras.
5. Los servicios de identificación.
6. La policía nacional.
7. La seguridad, la defensa y el desarrollo
nacional.
8. La organización y régimen de la Fuerza Armada
Nacional.
9. El régimen de la administración de
riesgos y emergencias.
10. La organización y régimen del Distrito
Capital y de las dependencias federales.
11. La regulación de la banca central, del
sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y del mercado
de capitales; la emisión y acuñación de moneda.
12. La creación, organización, recaudación,
administración y control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones,
donaciones y demás ramos conexos, el capital, la producción, el valor agregado,
los hidrocarburos y minas, de los gravámenes a la importación y exportación de
bienes y servicios, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores,
alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas del
tabaco, y los demás impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los Estados y
Municipios por esta Constitución y la ley.
13. La legislación para garantizar la
coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir
principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de
los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estatales y municipales, así
como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad
interterritorial.
14. La creación y organización de impuestos
territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya
recaudación y control corresponda a los Municipios, de conformidad con esta
Constitución.
15. El régimen del comercio exterior y la
organización y régimen de las aduanas.
16. El régimen y administración de las
minas e hidrocarburos, el régimen de las tierras baldías, y la conservación,
fomento y aprovechamiento de los bosques, suelos, aguas y otras riquezas
naturales del país.
El Ejecutivo Nacional no podrá otorgar
concesiones mineras por tiempo indefinido.
La ley establecerá un sistema de
asignaciones económicas especiales en beneficio de los Estados en cuyo
territorio se encuentren situados los bienes que se mencionan en este numeral,
sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en
beneficio de otros Estados.
17. El régimen de metrología legal y
control de calidad.
18. Los censos y estadísticas nacionales.
19. El establecimiento, coordinación y
unificación de normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de
arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística.
20. Las obras públicas de interés nacional.
21. Las políticas macroeconómicas,
financieras y fiscales de la
República.
22. El régimen y organización del sistema
de seguridad social.
23. Las políticas nacionales y la
legislación en materia de sanidad, vivienda, seguridad alimentaría, ambiente,
aguas, turismo, ordenación del territorio y naviera.
24. Las políticas y los servicios
nacionales de educación y salud.
25. Las políticas nacionales para la
producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal.
26. El régimen del transporte nacional, de
la navegación y del transporte aéreo terrestre, marítimo, fluvial y lacustre,
de carácter nacional; de los puertos, de aeropuertos y su infraestructura.
27. El sistema de vialidad y de
ferrocarriles nacionales.
28. El régimen del servicio de correo y de
las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro
electromagnético.
29. El régimen general de los servicios
públicos domiciliarios y, en especial, electricidad, agua potable y gas.
30. El manejo de la política de fronteras
con una visión integral del país, que permita la presencia de la venezolanidad
y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos espacios.
31. La organización y administración
nacional de la justicia, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo.
32. La legislación en materia de derechos,
deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal,
penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de
elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito
público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio
cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de
pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y
seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro
público; la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en
general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a
todas las materias de la competencia nacional.
33. Toda otra materia que la presente
Constitución atribuya al Poder Público Nacional, o que le corresponda por su
índole o naturaleza.
2. Poder Público Estadal
El Poder Estatal es aquel constituido por todas aquellas instituciones
u órganos del Gobierno señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia
a nivel Estadal, así se detallan la existencia del Poder Legislativo Estadal
(Consejo Legislativo), Ejecutivo (Gobernador), Judicial (Dirección Ejecutiva de
la Magistratura
con sus oficinas regionales), Ciudadano (Contraloría autónoma).
Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con
personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia,
soberanía e integridad nacional, y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución
y las leyes de la
República.
2.1 Estructura Organizativa del Poder Público Estadal
El gobierno y administración de cada Estado
corresponde a un Gobernador o Gobernadora.
a)
Gobernadores
o Gobernadoras. (Artículo 161 CRBV)
Los
Gobernadores o Gobernadoras rendirán, anual y públicamente, cuenta de su
gestión ante el Contralor o Contralora del Estado y presentarán un informe de
la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas.
b)
Consejo
Legislativo del Estado. (Artículo 162 CRBV)
El
Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo
conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes,
quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los
Municipios.
c)
Contraloría de Estado. (Artículo 163 CRBV)
Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de autonomía orgánica y
funcional. La Contraloría
del Estado ejercerá, conforme a esta Constitución y a la ley, el control, la
vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin
menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General
de la República.
Dicho órgano actuará bajo la dirección y responsabilidad de
un Contralor o Contralora, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán
determinadas por la ley, la cual garantizará su idoneidad e independencia, así
como la neutralidad en su designación, que será mediante concurso público.
2.2 Competencia del Poder Público Estadal
1. Dictar su Constitución para organizar
los poderes públicos, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.
2. La organización de sus Municipios y
demás entidades locales y su división político-territorial, conforme a esta
Constitución y a la ley.
3. La administración de sus bienes y la
inversión y administración de sus recursos, incluso de los provenientes de
transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así
como de aquellos que se les asignen como participación en los tributos
nacionales.
4. La organización, recaudación, control y
administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las
leyes nacionales y estadales.
5. El régimen y aprovechamiento de
minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales
y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad
con la ley.
6. La organización de la policía y la
determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia
municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
7. La creación, organización, recaudación,
control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas.
8. La creación, régimen y organización de los
servicios públicos estadales.
9. La ejecución, conservación,
administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales.
10. La conservación, administración y
aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y
aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional.
11. Todo lo que no corresponda, de
conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal.
2.3 Competencias Concurrentes de
los Estados.
En el articulo 165 de la
CRBV se dice que las
materias objeto de competencias concurrentes serán reguladas mediante leyes de
bases dictadas por el Poder Nacional, y leyes de desarrollo aprobadas por los
Estados. Esta legislación estará orientada por los principios de la
interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y
subsidiariedad.
Los Estados descentralizarán y transferirán a los Municipios los
servicios y competencias que gestionen y que éstos estén en capacidad de
prestar, así como la administración de los respectivos recursos, dentro de las
áreas de competencias concurrentes entre ambos niveles del Poder Público. Los
mecanismos de transferencia estarán regulados por el ordenamiento jurídico
estadal.
3. Poder Público Municipal
Los
Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional,
gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta
Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de
sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se
cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y
ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en
forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley.
Los actos de los Municipios no podrán ser impugnados sino ante los
tribunales competentes, de conformidad con esta Constitución y con la ley.
3.1. Organización de los Municipios.
La organización de los Municipios y demás entidades locales se regirá
por esta Constitución, por las normas que para desarrollar los principios
constitucionales establezcan las leyes orgánicas nacionales, y por las
disposiciones legales que de conformidad con aquellas dicten los Estados.
La legislación que se dicte para desarrollar los principios
constitucionales relativos a los Municipios y demás entidades locales,
establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y administración,
incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y recursos,
atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad para
generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y
culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación
establecerá las opciones para la organización del régimen de gobierno y
administración local que corresponderá a los Municipios con población indígena.
En todo caso, la organización municipal será democrática y responderá a la
naturaleza propia del gobierno local.
a)
Gobierno
y Administración del Municipio. (Artículo 174)
El
gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o
Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o
Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y
de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período
de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o
reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período.
b)
Función
Legislativa del Municipio. (Artículo 175)
La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo, integrado
por concejales elegidos o concejalas elegidas en la forma establecida en esta
Constitución, en el número y condiciones de elegibilidad que determine la ley.
c)
Contraloría
Municipal. (Artículo 176)
Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las
operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las
atribuciones de la
Contraloría General de la República , y será
dirigida por el Contralor o Contralora Municipal, designado o designada por el
Concejo mediante concurso público que garantice la idoneidad y capacidad de
quien sea designado o designada para el cargo, de acuerdo con las condiciones
establecidas por la ley.
3.2 Competencias de los Municipios.
Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de
sus intereses y la gestión de las materias que le asignen esta Constitución y
las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la
ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y
prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la
política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia
y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la
ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento,
en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes
áreas:
1. Ordenación territorial y urbanística;
patrimonio histórico; vivienda de interés social; turismo local; parques y
jardines, plazas, balnearios y otros sitios de recreación; arquitectura civil,
nomenclatura y ornato público.
2. Vialidad urbana; circulación y
ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales;
servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras.
3. Espectáculos públicos y publicidad
comercial, en cuanto concierne a los intereses y fines específicos municipales.
4. Protección del ambiente y cooperación
con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los
servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección
civil.
5. Salubridad y atención primaria en salud,
servicios de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a
la tercera edad; educación preescolar, servicios de integración familiar de la
persona con discapacidad al desarrollo comunitario, actividades e instalaciones
culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y
control de los bienes y las actividades relativas a las materias de la
competencia municipal.
6. Servicio de agua potable, electricidad y
gas doméstico; alcantarillado, canalización y disposición de aguas servidas;
cementerios y servicios funerarios.
7. Justicia de paz, prevención y protección
vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional
aplicable.
8. Las demás que le atribuyan esta
Constitución y la ley.
Las actuaciones que corresponden al
Municipio en la materia de su competencia no menoscaban las competencias
nacionales o estadales que se definan en la ley conforme a esta Constitución.
4. Consejo Local
de Planificación Pública.
El Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde o
Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o
Presidentas de las juntas parroquiales y representantes de organizaciones
vecinales y otras de la sociedad organizada, de conformidad con las
disposiciones que establezca la ley.
5. Consejo Federal de Gobierno
El Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto por los
Poderes Municipales, Estadales y Nacional de Venezuela, cuyo objeto es
profundizar el proceso descentralizador del Estado. Tiene su basamento
Constitucional en el artículo 185, y en la Ley Orgánica del
Consejo Federal de Gobierno dictada por la Asamblea Nacional
el 30 de junio año 2005.
Es el órgano encargado la coordinación y la planificación de políticas
y acciones para el desarrollo del proceso de decentralización y transferencia
de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, así como el
desarrollo equilibrado de las regiones, respetando los principios que rigen al
Estado Federal Descentralizado: justicia social, participación ciudadana,
integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurencia,
corresponsabilidad, coordinación, interdependencia y subsidiaridad.
CONCLUSIÓN
Según el artículo 136 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el poder público tiene tres ramas: Poder Público Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal. Cada una con sus funciones propias, de acuerdo con las actividades que realicen pero se interrelacionan entre si para cumplir con los fines del estado. El Poder Público Nacional se divide en: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder ciudadano y Poder Electoral.
La política y la actuación internacional de la República , la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República , la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la ley en todo el territorio nacional. La bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional. La naturalización, la admisión, la extradición y expulsión de extranjeros o extranjeras, La policía nacional, La seguridad, la defensa y el desarrollo nacional, entre otras son algunas de las competencias o responsabilidades del poder público nacional.
El Poder Estatal es aquel constituido por todas aquellas instituciones u órganos del Gobierno señaladas en Nuestra Carta Fundamental, con competencia a nivel Estadal, así se detallan la existencia del Poder Legislativo Estadal (Consejo Legislativo), Ejecutivo (Gobernador), Judicial (Dirección Ejecutiva de la Magistratura con sus oficinas regionales), Ciudadano (Contraloría autónoma).
Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley.+
El Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto por los Poderes Municipales, Estadales y Nacional de Venezuela, cuyo objeto es profundizar el proceso descentralizador del Estado.
BIBLIOGRAFIA
Constitución de
http://www.gobiernoenlinea.ve
http://es.wikipedia.org
EL PAPEL SOCIAL DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
En
los dos últimos decenios del siglo XX ocurrieron dos transformaciones sociales
importantes en América Latina: (1) la crisis del Estado Benefactor y su
principal componente, la seguridad social, y (2) la reforma social, que abarca
transformaciones importantes del Estado: los seguros sociales y la asistencia
social.
En
el presente informe, se discuten las bases juridicas del papel social del
estado, enmarcado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
1. CARGA SOCIAL DEL ESTADO Y
SUS IMPLICACIONES DESDE MARCO LEGAL DE LA CONSTITUCIÓN
El principio
del Estado social
El
principio del Estado social ha sido expresamente reconocido en el artículo 2 de
la Constitución venezolana. Al igual que
muchas Constituciones latinoamericanas, la de Venezuela no se limita a
establecer un principio de derecho objetivo, sino que consagra en su texto un
extenso catálogo de derechos sociales.
La
denominación y el reconocimiento como principio estructural del Estado proviene
de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 1949, en cuyo texto
se procuraban sustituir por un principio general a los derechos sociales
contenidos en su predecesora, la Constitución de Weimar de 1919. La causa de la eliminación de tales derechos
sociales fue la falta de eficacia de los mismos, puesto que eran considerados
como derechos programáticos.
Regulación o
procura
El
contenido de la cláusula del Estado social es definido en la Constitución
venezolana como un Estado que asegure el derecho a la justicia social
(Preámbulo); un Estado que “tiene como fines esenciales… la promoción de la
prosperidad y bienestar del pueblo” (art. 3).
Con ello, la Constitución
establece uno de los fines esenciales del Estado, los cuales un desarrollo
normativo más cercano en los derechos de protección y en los derecho
sociales. En palabras de Forsthoff,
tales obligaciones se dirigen a una regulación socialmente adecuada de las
“oportunidades de apropiación”. Tales funciones estaban referidas a:
1. Una
relación adecuada entre salarios y precios
2. La
regulación de la demanda, de la producción y el consumo
3. La
aportación de una procura existencial
Las
dos primeras funciones mencionadas forman parte de lo que llamaremos
prestaciones normativas, mientras que la tercera constituye una prestación
fáctica, en la cual el Estado asume, con sus propios medios, la prestación del
servicio. En el primer caso, el Estado asume su tarea de regular las relaciones
sociales, y cumple su papel como “el instrumento sine qua non de un orden de
justicia no espontáneo”. Mientras que en
el segundo caso interviene para reparar la desigualdad social existente. La primera es una medida que atiende
directamente la causa del problema, mientras que la segunda es una medida
reparatoria.
Fundamentos
del deber social del Estado
Según
la tesis dominante, la responsabilidad social del Estado deriva de la garantía
de los propios derechos de libertad: “La libertad jurídica para hacer u omitir
algo, carece de todo valor, si no se tiene la libertad fáctica, es decir la
posibilidad fáctica de elegir”, o en palabras del Tribunal Constitucional
Federal alemán, “el derecho de libertad no tendría valor alguno sin los
presupuestos fácticos para poder hacer uso de el”. La definición puede ser productiva en países
como Alemania, cuya Ley Fundamental se abstuvo, por los motivos anotados, de
consagrar derechos constitucionales sociales.
En las Constituciones latinoamericanas, no tiene sentido pretender que
el fundamento ético de los derechos sociales derive de los derechos de
libertad, ya que ambos tienen por igual consagración constitucional expresa.
En
un sistema constitucional como el venezolano, debe considerarse que los bienes
jurídicos protegidos por los derechos constitucionales sociales son valores en
sí mismos. No dependen para su
justificación de otro tipo de derechos.
La
Declaración de los Derechos del Pueblo, de 01 de julio de 1811 reconocía que:
“Los socorros públicos son una deuda sagrada a la sociedad: ella debe proveer a
la subsistencia de los ciudadanos desgraciados, ya asegurándoles trabajo a los
que puedan hacerlo, ya proporcionando los medios de existir a los que no están
en este caso.”
La
distinción entre regulación y procura o entre prestaciones normativas y prestaciones
fácticas puede ser analizada desde el punto de vista de la justificación del
principio del Estado social. El
fundamento de ambos tipos de prestación es necesariamente distinto. Las prestaciones normativas no requieren de
otra justificación que la que deriva de la existencia del propio Estado. En palabras de la Constitución venezolana,
esa justificación no es otra que “la construcción de una sociedad justa” (art.
3)
En
ciertos casos, el Estado no logra el fin que justifica su existencia. En tales casos ciertos grupos sociales se
encuentran en condiciones que requieren de la urgente intervención del
Estado. Esas condiciones son
consecuencia de la omisión del Estado en prevenir la acentuación de la
desigualdad social. Corresponde entonces al propio Estado, asumir por sí mismo
la garantía de los derechos sociales, a través de prestaciones fácticas.
ARTICULOS DE
LA CONSTITUCIÓN DONDE SE ESTABLECEN LOS DEBERES Y DERECHOS DEL ESTADO DENTRO DE
LOS ASPECTOS SOCIALES.
Artículo 80. El Estado garantizará
a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está
obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención
integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su
calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de
Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los
ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a
aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
Capítulo V
De los Derechos Sociales y de las
Familias
Artículo 75. El Estado protegerá a
las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental
para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan
en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la
comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado
garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de
la familia.
Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a
desarrollarse en el seno de su familia de origen. Excepcionalmente, cuando ello
no sea posible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia
sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la
filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de
conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la
nacional.
Artículo 76. La maternidad y la
paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil de la
madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y
responsablemente el número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de
la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho.
El Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en
general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto y
el puerperio, y asegurará servicios de planificación familiar integral basados
en valores éticos y científicos.
El
padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar,
educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas, y éstos tienen el deber de
asistirlos cuando aquellos o aquellas no puedan hacerlo por sí mismos. La ley
establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad
de la obligación alimentaria.
Artículo 77. Se protege el
matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad
absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables
de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en
la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.
Artículo 78. Los niños, niñas y
adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la
legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán,
garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención
sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta
materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la
sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual
se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les
conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía
activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección
integral de los niños, niñas y adolescentes.
Artículo 79. Los jóvenes y las
jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de
desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la
sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la
vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer empleo, de
conformidad con la ley.
Artículo 80. El Estado garantizará
a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está
obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención
integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su
calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de
Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los
ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde a
aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.
Artículo 81. Toda persona con
discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y
autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El
Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les
garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades,
condiciones laborales satisfactorias, y promueve su formación, capacitación y
acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la ley. Se les
reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a
través de la lengua de señas.
Artículo 82. Toda persona tiene
derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones
familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este
derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus
ámbitos.
El
Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y
especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales
y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.
Artículo 83. La salud es un
derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas
orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a
los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud,
así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de
cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de
conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y
ratificados por la República.
Artículo 84. Para garantizar el
derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un
sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado
y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los
principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración
social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción
de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento
oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud
son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada
tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la
planificación, ejecución y control de la política específica en las
instituciones públicas de salud.
Artículo 85. El financiamiento del
sistema público de salud es obligación del Estado, que integrará los recursos
fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y cualquier otra
fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un
presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política
sanitaria. En coordinación con las universidades y los centros de
investigación, se promoverá y desarrollará una política nacional de formación
de profesionales, técnicos y técnicas y una industria nacional de producción de
insumos para la salud. El Estado regulará las instituciones públicas y privadas
de salud.
Artículo 86. Toda persona tiene
derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo,
que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad,
paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad,
necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez,
viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier
otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social
universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de
capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su
protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados
a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y
las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás
beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines
sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital
destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los
fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de
seguridad social será regulado por una ley orgánica especial.
Artículo 87. Toda persona tiene
derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de
las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede obtener ocupación
productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice
el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La
ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos
laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de
trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.
Todo patrono o patrona garantizará
a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente
de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan
el control y la promoción de estas condiciones.
Artículo 88. El Estado garantizará
la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al
trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que
crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa
tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.
Artículo 89. El trabajo es un
hecho social y gozará de la protección del Estado. La ley dispondrá lo
necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de
los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del
Estado se establecen los siguientes principios:
Ninguna
ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad
de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece
la realidad sobre las formas o apariencias.
Los derechos laborales son
irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o
menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al
término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que
establezca la ley.
Cuando
hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la
interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al
trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
Toda
medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera
efecto alguno.
Se prohíbe todo tipo de discriminación
por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra
condición.
Se prohíbe el trabajo de
adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado
los protegerá contra cualquier explotación económica y social.
Artículo 90. La jornada de trabajo
diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas
semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo
nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales.
Ningún patrono podrá obligar a las trabajadoras o trabajadores a laborar horas
extraordinarias. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de
trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá
lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del
desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras.
Los trabajadores y trabajadoras
tienen derecho al descanso semanal y vacaciones remunerados en las mismas
condiciones que las jornadas efectivamente laboradas.
Artículo 91. Todo trabajador o
trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con
dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales,
sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por igual
trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y
trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se
pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción
de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley.
El Estado garantizará a los
trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo
vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo
de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento.
Artículo 92. Todos los
trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El
salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad
inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas
de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
Artículo 93. La ley garantizará la
estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de
despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.
Artículo 94. La ley determinará la
responsabilidad que corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo
provecho se presta el servicio mediante intermediario o contratista, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria de éstos. El Estado establecerá, a
través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los patronos
o patronas en general, en caso de simulación o fraude, con el propósito de
desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral.
Artículo 95. Los trabajadores y
las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa,
tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que
estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así
como el de afiliarse o no a ellas, de conformidad con la Ley. Estas
organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución
administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo
acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho.
Los promotores, promotoras e integrantes de las directivas de las organizaciones
sindicales gozan de inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones
que se requieran para el ejercicio de sus funciones.
Para el ejercicio de la democracia
sindical, los estatutos y reglamentos de las organizaciones sindicales establecerán
la alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes
mediante el sufragio universal, directo y secreto. Los y las integrantes de las
directivas y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados
de la libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de
conformidad con la ley. Los y las integrantes de las directivas de las
organizaciones sindicales estarán obligados a hacer declaración jurada de
bienes.
Artículo 96. Todos los
trabajadores y las trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho
a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de
trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado
garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las
relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las
convenciones colectivas amparan a todos los trabajadores y trabajadoras activos
al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.
Artículo 97. Todos los
trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a
la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley.
Capítulo VI
De los Derechos Culturales y
Educativos
Artículo 102. La educación es un
derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y
obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés
en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento
científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación
es un servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes
del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada
ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática
basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa,
consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados
con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y
universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad,
promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios
contenidos de esta Constitución y en la ley.
Capítulo X
De los Deberes
Artículo 132. Toda persona tiene
el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente
en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo
los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz
social.
Artículo 135. Las obligaciones que
correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en
cumplimiento de los fines del bienestar social general, no excluyen las que, en
virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria,
correspondan a los particulares según su capacidad. La ley proveerá lo
conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos en
que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión,
tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y
condiciones que determine la ley.
Sección Quinta: De las Relaciones
Internacionales
Artículo 153. La República
promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras de
avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los
intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la
región. La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y
coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y
que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus
habitantes. Para estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones
supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las competencias necesarias
para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas de
integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará
relaciones con Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra
América Latina. Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de
integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente
y de aplicación directa y preferente a la legislación interna.
BIBLIOGRAFIA
·
La
Roche, Humberto J. DERECHO CONSTITUCIONAL. PARTE GENERAL. Decimanovena Edición
aumentada y puesta al dia. Vadell Hermanos. Valencia, Venezuela, 1987
·
Heller,
Hermann. TEORIA DEL ESTADO. 7º Reimpresión. Fondo de Cultura Económica. Mexico,
1981 (pags. 217- 221)
·
CONSTITUCION
BOLIVARIANA DE VENEZUELA (1999)
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